Cuidado con las iniciativas sobre seguridad interior*

Por: Tania Ixchel Atilano**

Actualmente en nuestro país escuchamos recurrentemente el término de “seguridad interior”. Por un lado, el general Salvador Cienfuegos ha demandado en varias ocasiones un “marco jurídico” para las Fuerzas Armadas, y por el otro, el PRI y PAN han presentado iniciativas en materia de seguridad interior. En cuanto al marco jurídico de las Fuerzas Armadas, hay que señalar que éste no solo significa otorgar más facultades al Ejército, Marina y Fuerza Aérea, sino también significa limitar las actividades de los mismos, restringiendo estas actividades a las relacionadas con conflictos armados, ya sea en su variante nacional o internacional.

En relación con las iniciativas de PRI y PAN, éstas extienden las facultades de las Fuerzas Armadas mediante la definición del término “seguridad interior”. La Constitución Mexicana en su Artículo 89, fracción VI, otorga al Presidente de la República facultades para preservar la Seguridad Nacional en términos de la ley respectiva, así como también disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. La definición de seguridad interior no la encontramos en la Constitución, pero podría especularse que al momento de redactar la misma se referían a sucesos similares a guerras civiles, mientras que la defensa exterior podría definirse en términos de un conflicto armado internacional. Una referencia que sustentaría lo anterior la encontramos en el Código Penal Federal, en los delitos de rebelión y sedición.

Ahora bien, el concepto de “seguridad nacional” fue añadido a la Constitución en el año de 2004 durante el sexenio de Vicente Fox. Dicha adición permitió al Presidente de la República la facultad expresa de preservar la Seguridad Nacional. Este término no está definido en la Constitución y se remite a la Ley de Seguridad Nacional, en la cual se regulan las acciones para mantener la integridad del Estado Mexicano. En síntesis, esta Ley puede leerse como un conjunto de normas de naturaleza organizativa que pudieran derivar en política pública, pero que en ningún caso pudieran traducirse como marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la justificación constitucional de la utilización de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, es necesario recordar la expansiva interpretación que dio la SCJN en la “Acción de Inconstitucionalidad 1/96”, en relación a las facultades de auxilio a la autoridad civil por parte de las Fuerzas Armadas. Al hacerse alusión a este caso, muy pocas veces se menciona que la interpretación que dio la SCJN fue previo a la incorporación del término seguridad nacional, así como también que la Corte estimó que los casos en los que participarían las Fuerzas Armadas podrían controlarse con rapidez. Condición que, como hemos podido atestiguar, no se actualiza para el combate al narcotráfico. También resulta oportuno señalar que en la Acción de Inconstitucionalidad 1/96, la SCJN mezcla los términos “seguridad pública”, “seguridad interior” y “seguridad exterior” al señalar que el narcotráfico es un problema que afecta a los tres ámbitos y que por ello es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas. Igualmente, en su argumentación construyen el concepto de seguridad pública interior, lo cual da lugar a confusión y poca claridad de los términos.
Las distinciones terminológicas que arroja la Constitución serían posible zanjarlas en términos de las Convenciones de Ginebra de 1949, las cuales regulan los conflictos armados internacionales e internos. Es decir, la seguridad interior podría definirse en términos de un conflicto armado interno y la defensa exterior en términos de un conflicto armado internacional. Sin embargo, aún a pesar de que hemos firmado las Convenciones de Ginebra desde 1953, no se han traducido estas disposiciones en la legislación interna. Sí el orden jurídico mexicano implementara las categorías de las Convenciones de Ginebra, no habría lugar a dudas de que las Fuerzas Armadas solo serían desplegadas en el marco de un conflicto armado ya sea interno o internacional. Lo anterior además sería congruente con el Art. 129 Constitucional, el cual señala que en tiempos de paz ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Implementando las categorías de Conflicto Armado Interno e Internacional, se definiría lo que es disciplina militar y con ello quedarían excluidos sin lugar a dudas conceptos como la Seguridad Pública, así como los supuestos que las iniciativas definen como “afectaciones a la seguridad interior” del ámbito militar.

Haciendo uso de la interpretación de la SCJN y de la reforma del 2004 en términos de ampliación de facultades del Ejecutivo, se justificó el despliegue de las Fuerzas Militares en actividades destinadas a ser ejecutadas por la autoridad civil, sin necesidad de activar el Artículo 29 constitucional, concerniente a la suspensión de garantías. El término de seguridad interior fue poco utilizado o usado de manera indistinta, junto con el término de seguridad nacional o seguridad pública.

A partir de la lectura de las dos iniciativas que analizaremos a continuación puede deducirse que la autoridad legislativa se ha percatado de esta laguna jurídica o de esta “ventana” de actuación que aún les queda a disposición, para poder justificar o “legalizar constitucionalmente” el uso de las Fuerzas Armadas para circunstancias mucho más genéricas que las relacionadas con el crimen organizado o el narcotráfico. Es decir, a partir de esta ventana que ofrece la fracción VI del Art. 89, lo que se pretende es justificar constitucionalmente y sin lugar a dudas o posteriores debates jurídicos el despliegue de las Fuerzas Armadas en la cotidianidad del país.

Sin duda es de llamar la atención que después de 10 años de la llamada guerra contra el narco y de los múltiples episodios en los que las Fuerzas Armadas han estado involucradas, como lo fue por ejemplo su participación en la disolución de la huelga de Cananea en 1989, tanto las autoridades militares, el Ejecutivo y el Legislativo expresen su deseo de legalizar las actividades de las Fuerzas Armadas.

Las iniciativas definen a la Seguridad Interior como una función (PRI) o condición (PAN) y ambas coinciden en que su objeto es preservar el orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Asimismo, las conductas que definen como peligros a la Seguridad Interior se refieren a comportamientos como obstaculización de servicios públicos, de áreas estratégicas o prioritarias, de programas federales, inhabilitación de infraestructura, entre otros. Estos supuestos podrían actualizarse en eventos como los de la CNTE, protestas contra la reforma energética, expropiaciones, etc. Igualmente, justifican el uso de la fuerza para actos de resistencia no agresiva. Este supuesto obliga a preguntarnos qué entiende el legislador por “resistencia no agresiva”, ¿encuadrarían en este supuesto las manifestaciones?

Es importante mencionar que ninguna de las dos iniciativas específica el tipo de armas que se utilizarían para cada una de sus nuevas facultades. Si consultamos las cifras de las compras de armamento hechas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, podemos observar que un buen número de las armas compradas son helicópteros que están diseñados para atacar desde el aire. Un ejemplo del uso de estos helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos helicópteros black hawk de los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos. Asimismo, la compra de armamento ha aumentado de forma notable, pues según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en el año 2015 se gastaron un total de 500 millones de dólares en la compra de armas y equipo militar, mientras que en el año 2014 se gastaron únicamente 97 millones de dólares.[1]

En el año de 2015, de estos 500 millones, 305 fueron gastados en equipos de aviación, como por ejemplo la compra de 12 unidades Cessna- U206, usadas para actividades de vigilancia. De los datos del SIPRI también se puede constatar la compra de helicópteros Black Hawks UH-60M en su versión armada. Este modelo de helicóptero esta equipado con el siguiente armamento: 2 armas automáticas de 7.62 mm., misiles AGM-114 hellfire y cohetes hydra- 70. Por lo tanto, es muy necesario delimitar qué tipo de armamento utilizarían las Fuerzas Armadas y para que actividades.

Según los artículos 22 y 29 de la iniciativa del PAN, las actividades no solo se limitarían al uso de la fuerza sino también posibilitarían la inspección de personas y bienes, la ejecución de órdenes de aprehensión, la detención de personas y la prevención del delito. Hay que subrayar que uno de los supuestos permite a la Fuerzas Armadas (…) controlar a una persona que se resista a la detención en caso de flagrancia. ¿De qué forma se realizaría este control? ¿Mediante el disparo de armas de fuego, armas de electrochoque o con auxilio de alguno de los equipos de ataque que hemos mencionado? ¿Se permitirán tanques? En este mismo tenor vale la pena detenerse en las facultades como la instalación de puestos de revisión, la inspección de personas y bienes, ¿que pasaría si una persona se niega a que lo inspeccionen o a que inspeccionen su domicilio? De la lectura de las iniciativas es claro que se haría uso de la fuerza, por lo tanto estaríamos ante limitantes del libre tránsito, de la integridad personal, así como de la intimidad (en el caso de la inspección de bienes).

Este tipo de intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas no debería sorprendernos al comparar las mismas con la reciente promulgación del Código Militar de Procedimientos Penales.

Por las razones antes mencionadas es muy necesario no perder de vista el curso que tomen estas iniciativas, pues corremos el riesgo que cualidades democráticas como la protección a la vida, la libre expresión de las ideas o el libre tránsito se erosionen.

 

* Publicado originalmente en Animal Político

* Tania Ixchel Atilano Camacho es doctoranda en Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín y becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

[1]Datos tomados de la página del Stockholm International Peace Research Institute , disponible aquí, consultado el 11.12.2016.

 

 

Advertisements

Cronología de la lucha social en Mexicali, Baja California.

La madrugada del 22 de diciembre de 2016, el Congreso del Estado de Baja California, a puerta cerrada y sin permitir el ingreso a los medios de comunicación y ciudadanía, aprobó la Ley Estatal de Aguas, la cual aseguraba el beneficio del sector privado y generaba altos costos de consumo para la ciudadanía.

Éste actuar por parte del Estado genero molestias en la ciudadanía, así como una enorme preocupación, por lo que un grupo de ciudadanos y ciudadanas solicitaron al I.N.E. el formato para el referéndum abrogatorio de la Ley Estatal de Aguas, sin embargo, no hubo acceso al formato hasta el día 4 de enero, misma fecha en que se tomaron las instalaciones de la Terminal de Almacenamientos y Reparto de Pemex.

La Rosita, donde se encuentran ubicadas las instalaciones de PEMEX, fueron tomadas por un grupo de taxistas y de conductores de Uber de la localidad exigiendo la homologación de la gasolina; teniendo dialogo con el Estado desde el inicio de la toma un representante de los taxistas.

El día domingo 8 de enero llega un grupo de aproximadamente 200 taxistas acompañados del líder de taxistas, Fermín Vega, quien junto con el vocero de taxistas, Juan Carlos Hernández, realizaron lo que pareció en ese momento como tratos con el Gobierno del Estado, dictando la noche del lunes que abandonaban el plantón pues su exigencia había sido solucionada y se reduciría .52 centavos el costo de la gasolina. Los ciudadanos y ciudadanas presentes, molestos por los acuerdos tomados sin consultarlos, decidieron quedarse, quedándose menos de 15 personas.

Lunes 9 de enero: Por la mañana y en el centro cívico de Mexicali, un club de motociclistas toman las oficinas de recaudación de rentas bajo las demandas de eliminar el reemplacamiento y la abrogación de la Ley Estatal de Aguas. Horas más tarde este grupo es apoyado por diversos colectivos, activistas y ciudadanos.

Con la salida del grupo de taxistas, el martes 10 de enero crecen las amenazas de desalojo forzado en La Rosita por parte de la Gendarmería, dejando a un grupo no mayor a 20 ciudadanos. Esa noche arriban a la planta casi un centenar de vehículos oficiales de los tres niveles del Estado. Cerca de las 6 de la mañana del miércoles los manifestantes eran desalojados de La Rosita, pero se unen a la ocupación de las oficinas de Recaudación de Rentas.

Jueves 12 de enero: Se lleva a cabo la “Marcha contra el gasolinazo y la abrogación de Ley Estatal de Aguas”, la cual culmino en Palacio de Gobierno con una congregación de más de 10 mil personas. Durante la concentración, ciudadanos tomaron el micrófono para dar su postura sobre de la situación y mostrar sus inconformidades.

Mientras esto ocurría, algunos ciudadanos decidieron llevar sus exigencias más allá de la marcha y, tratando de impedir el flujo de dinero hacia las arcas del municipio y obligar a los diputados a explicar su voto a favor de la Ley de Aguas, decidieron tomar las instalaciones del Congreso y Palacio Municipal. Por primera vez en años, y quizá como nunca en Mexicali, ciudadanos se mostraban verdaderamente unidos, causa del hartazgo general contra la clase política.

Viernes 13 de enero: El gobierno del Estado anuncia la eliminación del reemplacamiento, más no la abrogación de la Ley Estatal Aguas. Se presenta un pliego petitorio general elaborado en la asamblea general y por consenso, el cual cuenta con 13 puntos para el ayuntamiento de Mexicali que incluyen, entre otros, reducir el impuesto predial, la eliminación del impuesto DAP (Derecho al Alumbrado Público) y el apoyo del alcalde, Gustavo Sánchez, a la derogación de la Ley Estatal de Aguas.

Domingo 15 de enero: En coordinación con la mayoría de los estados del país se lleva a cabo la marcha nacional, siendo Mexicali la más concurrida del país en un hecho histórico. Con una asistencia de más de 60 mil personas, la inconformidad de la ciudadanía fue clara, y añadiendo el desinterés del gobierno del estado por empezar un dialogo, más ciudadanos se interesan por los plantones/campamentos y toman las instalaciones del Poder Ejecutivo.

Martes 17 de enero. El gobernador de Baja California, Francisco Vega, anuncia en conferencia de prensa que abrogará la Ley de Aguas. Sin embargo no acepta preguntas de medios de comunicación. La celebración dura poco, pues abogados informan que para ser válido el Congreso debe aprobar la solicitud de abrogación. Se comienza a gestionar en los campamentos la apertura temporal del Congreso para dicho fin.

Miércoles 18 de enero: El grupo de motociclistas abandona su campamento en las oficinas de recaudación de rentas, pero estas son retomadas por ciudadanos afines a los campamentos del centro cívico (cruzando la avenida Independencia). Las demandas principales siguen siendo la abrogación de la Ley Estatal de Aguas y marcha atrás al llamado “gasolinazo”, pero se agrega la eliminación de la verificación vehicular, ya que su fin ambientalista se ve cuestionado por la estrecha relación entre el gobierno del Estado y la empresa privada que administra la concesión.

Jueves 19 de enero: En sesión extraordinaria y por votación unánime, el Congreso aprueba la abrogación de la Ley Estatal de Aguas. En junta con el Cabildo de Mexicali, una mesa ciudadana negocia sus 13 puntos y forma varias mesas de trabajo para ellos, incluidos el impuesto predial y el impuesto al DAP.

Como parte de los acuerdos por la abrogación de la Ley de Aguas y las mesas de trabajo negociadas, se liberas los accesos a personal y ciudadanos del Palacio Municipal.

Domingo 22 de enero: Segunda marcha nacional. Asisten más de 22 mil personas. Se informa por medio de abogados afines a los campamentos de la Ley de Asociación Publico Privado, la cual protege a megaproyectos tales como la construcción de la cervecería “Constellation Brands” y la privatización de tres desalinizadoras, además de otras que se encuentran en periodo de planeación. Todos estos proyectos generarían un grave impacto ambiental irreversible.

Lunes 23 de enero: Mesa de diálogo fallida entre manifestantes y gobierno del Estado. Al ver que Francisco Vega no se presenta en la mesa, como lo habían sugerido sus voceros, los miembros ciudadanos se levantan y vuelven a los campamentos.  

Sábado 28 de enero: Francisco Vega, gobernador del Estado, entra de manera abrupta y a escondidas al edificio del Poder Ejecutivo, alrededor de las 9:20 a.m., para supuestamente iniciar una mesa de dialogo. Sin embargo, a su mesa de diálogo no le permite la entrada a ninguno de los representantes de la Asamblea Ciudadana.

El gobernador sale por la puerta lateral del edificio Poder Ejecutivo acompañado de su escolta. De manera apresurada marcha contra los manifestantes, quienes intentan interceptarlo para demandar explicación a su la falta de interés en presentarse públicamente y en una verdadera mesa de diálogo. Debido a la prisa con la que el gobernador y su escolta se abren paso entre la multitud algunos ciudadanos resultaron lastimados, quienes más tarde presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Alrededor de las 5 de la tarde se convoca una asamblea general, determinando como principal acuerdo empezar la mesa de diálogo entre los representantes de la Asamblea General Ciudadana y el gobernador lo más rápido posible. Los representantes de gobierno hacen caso omiso.

Lunes 30 de enero, 2:00 a.m.: Tras la presencia cientos elementos de la policía estatal y ministerial —decenas de ellos vestidos de civil y con las caras tapadas—, un helicóptero y un dron para hostigar a los manifestantes el, subsecretario General de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua, advierte que de no liberar los accesos del Poder Ejecutivo, desalojarán con uso de la fuerza pública. Ciudadanos acceden para evitar la confrontación.

img_6048-750x500
Fuente: Cristian Torres/ZETATijuana

El día de hoy 30 de enero a las 2:00 de la tarde, se reunió dentro del poder ejecutivo representantes de la asamblea ciudadana y gobierno del estado para establecer fecha para la mesa de diálogo con el gobernador de Baja California el Lic. Francisco Vega de la Madrid, después de un breve dialogo, se retiraron los representantes de gobierno para consultar la fecha más factible, pasaron alrededor de 20 minutos cuando volvieron proponiendo el miércoles 1ro de Febrero a las 5:00 p.m., fecha que fue aceptada.

Los vientos de cambio vienen del Norte…

 

16113964_10154097617231218_1532551767670313745_n

Mexicali es una ciudad enclavada en un rincón del territorio mexicano. Está justo en la frontera con los Estados Unidos. A pesar de ser la capital de una península rodeada por el mar, esta ciudad hundió sus raíces en el desierto, y a fuerza de trabajo y terquedad, creció. La terquedad tendría que ser fundamental, para insistir en forjar una ciudad en medio de un paisaje severo, una de las zonas de la Republica Mexicana con las más altas temperaturas. Las inclemencia de medio ambiente, el aislamiento del centro de la República Mexicana, la terquedad, quizá todos estos fueron ingredientes para que Baja California y Mexicali hayan forjado su propio ethos cultural, diferente a los estereotipos de México que circulan en el extranjero.

Durante años, pareciera que los temas que movilizaban a los ciudadanos mexicanos en otras partes del país, no conmovían al bajacaliforniano. Como un ejemplo, en el 2011, cuando el Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia movilizó a miles de mexicanos incluso en el extranjero, en Baja California fue más que nada, una nota más que leer en el periódico. Esto, a pesar de que Baja California es uno de los protagonistas de la violencia de los últimos diez años, este estado tiene sus propios muertos y desaparecidos. La lucha por la justicia para los desaparecidos es una batalla que los ciudadanos bajacalifornianos y sus instituciones de justicia dejan en manos de los familiares de las víctimas. Para la evaluación superficial de muchos, el bajacaliforniano es apático para la política y está mal informado.

Bajo estas apariencias, sorprenden las movilizaciones masivas en Baja California, desde principios del 2017. En muchos sentidos es un hecho insólito, y las autoridades del Estado no salen de su estupor al ver que los bajacalifornianos -que en la narrativa oficial son tan trabajadores y bonachones- salen con rabia a las calles y toman plazas. Pero habría que explicar que esto no es combustión espontánea, es un fuego quemando lento que las autoridades han dejado avivar con su negligencia, y que ahora es un incendio que no saben cómo detener.

Para entender como despertó a Baja California, vamos a compartir textos que narran la crónica de estos días de transformación de la sociedad bajacaliforniana, escritos por las personas que están participando en este movimiento social, que está conectado a las muchas otras luchas en el país por lograr otro México.

The current Human Rights crisis in Mexico must be stopped!

Sticker Menschenrechte in Mexiko

Sign the petition

Impunity, repressions and assassinations of social movements’ leaders and journalists, kidnapping and forced disappearances of students, collective crimes committed by security forces and gangs show the dark side of Mexico today. German weapons were involved in many of those atrocities. Before starting a political dialogue with the incumbent actors, this severe crisis must be acknowledged. The German and Mexican civil societies demand that representatives of both countries do so.

„The current Human Rights crisis in Mexico must be stopped!“ weiterlesen

Peña Nieto: die Sprache des Terrors / Peña Nieto: el lenguaje del terror.

Berlin, 11. April 2016

Die Eröffnung der Ausstellung ‚Die Maya – Sprache der Schönheit‘ durch den Präsidenten Mexikos, Enrique Peña Nieto, findet im Rahmen der Eröffnung eines Programmes der bilaterale Kooperation zwischen Mexiko und Deutschland statt, welches das Verhältnis beider Länder auf fünf Gebieten verbessern soll: Bildung, Energie, Investitionen und Handel, Forschung und Entwicklung sowie Tourismus.

Die Eröffnung der Ausstellung ist für viele Mexikaner ein Beweis für die Schizophrenie der Regierung Peña Nieto, welche die Schönheit der Maya im Ausland anpreist währenddessen die Maya, zusammen mit anderen Völkern wie der Mazateco, Binniza, Chinanteco, Purepecha, Otomí, Nahua, Wixárica, Tepehuano, Tzotyil, Chol, Popoluca, Zoque, Tzetzal und vielen mehr, jeden Tag Raub, Unterdrückung, Verachtung und Ausbeutung ausgesetzt sind.

„Peña Nieto: die Sprache des Terrors / Peña Nieto: el lenguaje del terror.“ weiterlesen