El Campamento Sur

por: Jesús F. Galáz Duarte

Sobre lo que está pasando en Mexicali con los plantones en las plazas de gobierno y algo de la marcha de mañana, domingo 15 de enero de 2017.

 

La ignorancia no la absuelven los pecados

Activista/manifestante en el campamento Sur

Son las cuatro de la tarde y hay más de treinta personas que van y vienen de los diferentes plantones, compartiendo información, descansando, contando chistes o preguntando si se necesitan más lonas, madera o comida. Hace dos horas hubo una asamblea general frente al plantón del palacio municipal. Se propusieron las demandas de los campamentos para el pliego petitorio y se consensó parte de la organización de la marcha de mañana. La importancia del pliego se considera fundamental para legitimar la defensa de los plantones ante las autoridades y la sociedad civil, que muchas veces no sabe por qué está bloqueado el palacio y se puede volver en contra de los manifestantes.

El campamento Sur cuida la entrada y salida del estacionamiento que lleva al congreso, y comenzó el jueves 13 de enero después de la marcha convocada por Célula 686, cuando no más de treinta personas trataron de impedir la salida de congresistas y diputados del edificio plantándose en la caseta. Esa noche trajeron lonas y cobijas e hicieron el primer campamento, con mesas de trabajo, consejos de seguridad y división de labores. También redactaron un borrador de pliego petitorio con once puntos que pocas personas pudieron leer, pero que ha servido para establecer la razón del campamento. Para la noche del día siguiente, convocadas por las redes sociales con videos, fotos y pequeños comunicados, cientos de personas habían entrado y salido del campamento Sur.

Uno de los retos principales para todos los plantones ha sido la coordinación y el consenso. No es fácil determinar los puntos básicos en común y decidir las acciones pertinentes. Sin embargo las charlas suceden cada tres o cuatro horas para que la gente opine y se actualice.

Tres patrullas tienen bloqueadas las calles que llevan al campamento Sur y alrededor de diez a quince policías municipales vigilan, a pocos metros de distancia, a los manifestantes. No ha habido conflicto entre estos grupos y los policías hasta han aceptado comida y bebida de parte del plantón. Por su parte los manifestantes pueden caminar de campamento a campamento sin ser agredidos por nadie. Salvo los cuerpos de seguridad, todo el complejo gubernamental está vacío de trabajadores públicos.

En las juntas que se van improvisando durante el día y la noche, los voceros del campamento Sur no paran de recordar a los presentes que el movimiento es pacífico, que no hay que caer en provocaciones y que hay que seguir informando e invitando a gente por medio de redes sociales. Cada cierto tiempo llega una familia que va recorriendo todos los campamentos, felicita a los manifestantes por lo que están haciendo y les agradece su convicción, porque «es nuestra lucha también», dicen.

«Ayer yo estaba enferma de gripa —dice una señora que ronda los setenta años y que ha llegado con su hija y su yerno—, pero si no hubiera venido desde entonces. Este gobierno ya nos tiene hartos con todos sus robos. ¿Que para cuál de todas las peticiones vengo? Pues para todas».

Aunque no le otorgan demasiada importancia, la mayor desilusión para los cinco plantones —que también es uno solo— ha sido la desvinculación del grupo Célula 686 con el movimiento ciudadano y las acusaciones de violencia que han hecho amplificado contra los nuevos manifestantes, al punto de levantar una denuncia penal en contra de ellos. Según Célula 686, el presidente municipal recibió una llamada telefónica diciendo que miembros de su grupo estaban amenazando con quemar el edificio de gobierno. Pero estando en el campamento es muy difícil creer lo que dijo el presidente municipal y es triste que los de Célula 686 no se hayan acercado a los manifestantes antes de levantar esa denuncia.

Poco antes de las ocho de la tarde se improvisó una rueda de prensa, frente al palacio municipal, donde se leyó un posicionamiento formal de los plantones. En la lectura se invitó al alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, a visitar el plantón y conocer personalmente a las familias que lo conforman, a que instale módulos de atención ciudadana en diferentes partes de la ciudad para procesar documentos y se solicitó mayor transparencia y juicio político al gobernador, Francisco Vega de la Madrid, si se le encontrara culpable de enriquecimiento ilícito. El documento contextualizó la lucha desde las políticas privatizadoras de Carlos Salinas de Gortari y mencionó varias demandas ciudadanas, entre ellas la reducción del 70% del salario del gobernador, el cuidado del medio ambiente, un aumento a los trabajadores del campo, atención a las desapariciones y feminicidios, un posicionamiento municipal y estatal que sea antagónico a las demandas del gobierno federal en materia de las reformas energéticas, entre otras.

Para la marcha de mañana se tienen previstos oradores de los diferentes campamentos, música en vivo, proyección de documentales y actividades de recreación para que el público se quede más tiempo en la plaza. Además se leerá el pliego petitorio desde la primera concentración, a las doce del mediodía en el monumento del Caballito.

Y como se ha mencionado en repetidas ocasiones en Artículo 39 de la Constitución, también lo dejo por aquí: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Ahora mismo regreso al campamento Sur a tomar café y jugar ajedrez un rato. Los invito a visitar los campamentos para que conozcan a las personas ahí reunidas y, por supuesto, a ir a la marcha de mañana.

Advertisements

Cuidado con las iniciativas sobre seguridad interior*

Por: Tania Ixchel Atilano**

Actualmente en nuestro país escuchamos recurrentemente el término de “seguridad interior”. Por un lado, el general Salvador Cienfuegos ha demandado en varias ocasiones un “marco jurídico” para las Fuerzas Armadas, y por el otro, el PRI y PAN han presentado iniciativas en materia de seguridad interior. En cuanto al marco jurídico de las Fuerzas Armadas, hay que señalar que éste no solo significa otorgar más facultades al Ejército, Marina y Fuerza Aérea, sino también significa limitar las actividades de los mismos, restringiendo estas actividades a las relacionadas con conflictos armados, ya sea en su variante nacional o internacional.

En relación con las iniciativas de PRI y PAN, éstas extienden las facultades de las Fuerzas Armadas mediante la definición del término “seguridad interior”. La Constitución Mexicana en su Artículo 89, fracción VI, otorga al Presidente de la República facultades para preservar la Seguridad Nacional en términos de la ley respectiva, así como también disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. La definición de seguridad interior no la encontramos en la Constitución, pero podría especularse que al momento de redactar la misma se referían a sucesos similares a guerras civiles, mientras que la defensa exterior podría definirse en términos de un conflicto armado internacional. Una referencia que sustentaría lo anterior la encontramos en el Código Penal Federal, en los delitos de rebelión y sedición.

Ahora bien, el concepto de “seguridad nacional” fue añadido a la Constitución en el año de 2004 durante el sexenio de Vicente Fox. Dicha adición permitió al Presidente de la República la facultad expresa de preservar la Seguridad Nacional. Este término no está definido en la Constitución y se remite a la Ley de Seguridad Nacional, en la cual se regulan las acciones para mantener la integridad del Estado Mexicano. En síntesis, esta Ley puede leerse como un conjunto de normas de naturaleza organizativa que pudieran derivar en política pública, pero que en ningún caso pudieran traducirse como marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a la justificación constitucional de la utilización de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, es necesario recordar la expansiva interpretación que dio la SCJN en la “Acción de Inconstitucionalidad 1/96”, en relación a las facultades de auxilio a la autoridad civil por parte de las Fuerzas Armadas. Al hacerse alusión a este caso, muy pocas veces se menciona que la interpretación que dio la SCJN fue previo a la incorporación del término seguridad nacional, así como también que la Corte estimó que los casos en los que participarían las Fuerzas Armadas podrían controlarse con rapidez. Condición que, como hemos podido atestiguar, no se actualiza para el combate al narcotráfico. También resulta oportuno señalar que en la Acción de Inconstitucionalidad 1/96, la SCJN mezcla los términos “seguridad pública”, “seguridad interior” y “seguridad exterior” al señalar que el narcotráfico es un problema que afecta a los tres ámbitos y que por ello es necesaria la participación de las Fuerzas Armadas. Igualmente, en su argumentación construyen el concepto de seguridad pública interior, lo cual da lugar a confusión y poca claridad de los términos.
Las distinciones terminológicas que arroja la Constitución serían posible zanjarlas en términos de las Convenciones de Ginebra de 1949, las cuales regulan los conflictos armados internacionales e internos. Es decir, la seguridad interior podría definirse en términos de un conflicto armado interno y la defensa exterior en términos de un conflicto armado internacional. Sin embargo, aún a pesar de que hemos firmado las Convenciones de Ginebra desde 1953, no se han traducido estas disposiciones en la legislación interna. Sí el orden jurídico mexicano implementara las categorías de las Convenciones de Ginebra, no habría lugar a dudas de que las Fuerzas Armadas solo serían desplegadas en el marco de un conflicto armado ya sea interno o internacional. Lo anterior además sería congruente con el Art. 129 Constitucional, el cual señala que en tiempos de paz ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Implementando las categorías de Conflicto Armado Interno e Internacional, se definiría lo que es disciplina militar y con ello quedarían excluidos sin lugar a dudas conceptos como la Seguridad Pública, así como los supuestos que las iniciativas definen como “afectaciones a la seguridad interior” del ámbito militar.

Haciendo uso de la interpretación de la SCJN y de la reforma del 2004 en términos de ampliación de facultades del Ejecutivo, se justificó el despliegue de las Fuerzas Militares en actividades destinadas a ser ejecutadas por la autoridad civil, sin necesidad de activar el Artículo 29 constitucional, concerniente a la suspensión de garantías. El término de seguridad interior fue poco utilizado o usado de manera indistinta, junto con el término de seguridad nacional o seguridad pública.

A partir de la lectura de las dos iniciativas que analizaremos a continuación puede deducirse que la autoridad legislativa se ha percatado de esta laguna jurídica o de esta “ventana” de actuación que aún les queda a disposición, para poder justificar o “legalizar constitucionalmente” el uso de las Fuerzas Armadas para circunstancias mucho más genéricas que las relacionadas con el crimen organizado o el narcotráfico. Es decir, a partir de esta ventana que ofrece la fracción VI del Art. 89, lo que se pretende es justificar constitucionalmente y sin lugar a dudas o posteriores debates jurídicos el despliegue de las Fuerzas Armadas en la cotidianidad del país.

Sin duda es de llamar la atención que después de 10 años de la llamada guerra contra el narco y de los múltiples episodios en los que las Fuerzas Armadas han estado involucradas, como lo fue por ejemplo su participación en la disolución de la huelga de Cananea en 1989, tanto las autoridades militares, el Ejecutivo y el Legislativo expresen su deseo de legalizar las actividades de las Fuerzas Armadas.

Las iniciativas definen a la Seguridad Interior como una función (PRI) o condición (PAN) y ambas coinciden en que su objeto es preservar el orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Asimismo, las conductas que definen como peligros a la Seguridad Interior se refieren a comportamientos como obstaculización de servicios públicos, de áreas estratégicas o prioritarias, de programas federales, inhabilitación de infraestructura, entre otros. Estos supuestos podrían actualizarse en eventos como los de la CNTE, protestas contra la reforma energética, expropiaciones, etc. Igualmente, justifican el uso de la fuerza para actos de resistencia no agresiva. Este supuesto obliga a preguntarnos qué entiende el legislador por “resistencia no agresiva”, ¿encuadrarían en este supuesto las manifestaciones?

Es importante mencionar que ninguna de las dos iniciativas específica el tipo de armas que se utilizarían para cada una de sus nuevas facultades. Si consultamos las cifras de las compras de armamento hechas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, podemos observar que un buen número de las armas compradas son helicópteros que están diseñados para atacar desde el aire. Un ejemplo del uso de estos helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos helicópteros black hawk de los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos. Asimismo, la compra de armamento ha aumentado de forma notable, pues según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en el año 2015 se gastaron un total de 500 millones de dólares en la compra de armas y equipo militar, mientras que en el año 2014 se gastaron únicamente 97 millones de dólares.[1]

En el año de 2015, de estos 500 millones, 305 fueron gastados en equipos de aviación, como por ejemplo la compra de 12 unidades Cessna- U206, usadas para actividades de vigilancia. De los datos del SIPRI también se puede constatar la compra de helicópteros Black Hawks UH-60M en su versión armada. Este modelo de helicóptero esta equipado con el siguiente armamento: 2 armas automáticas de 7.62 mm., misiles AGM-114 hellfire y cohetes hydra- 70. Por lo tanto, es muy necesario delimitar qué tipo de armamento utilizarían las Fuerzas Armadas y para que actividades.

Según los artículos 22 y 29 de la iniciativa del PAN, las actividades no solo se limitarían al uso de la fuerza sino también posibilitarían la inspección de personas y bienes, la ejecución de órdenes de aprehensión, la detención de personas y la prevención del delito. Hay que subrayar que uno de los supuestos permite a la Fuerzas Armadas (…) controlar a una persona que se resista a la detención en caso de flagrancia. ¿De qué forma se realizaría este control? ¿Mediante el disparo de armas de fuego, armas de electrochoque o con auxilio de alguno de los equipos de ataque que hemos mencionado? ¿Se permitirán tanques? En este mismo tenor vale la pena detenerse en las facultades como la instalación de puestos de revisión, la inspección de personas y bienes, ¿que pasaría si una persona se niega a que lo inspeccionen o a que inspeccionen su domicilio? De la lectura de las iniciativas es claro que se haría uso de la fuerza, por lo tanto estaríamos ante limitantes del libre tránsito, de la integridad personal, así como de la intimidad (en el caso de la inspección de bienes).

Este tipo de intervenciones por parte de las Fuerzas Armadas no debería sorprendernos al comparar las mismas con la reciente promulgación del Código Militar de Procedimientos Penales.

Por las razones antes mencionadas es muy necesario no perder de vista el curso que tomen estas iniciativas, pues corremos el riesgo que cualidades democráticas como la protección a la vida, la libre expresión de las ideas o el libre tránsito se erosionen.

 

* Publicado originalmente en Animal Político

* Tania Ixchel Atilano Camacho es doctoranda en Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín y becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

[1]Datos tomados de la página del Stockholm International Peace Research Institute , disponible aquí, consultado el 11.12.2016.

 

 

Cronología de la lucha social en Mexicali, Baja California.

La madrugada del 22 de diciembre de 2016, el Congreso del Estado de Baja California, a puerta cerrada y sin permitir el ingreso a los medios de comunicación y ciudadanía, aprobó la Ley Estatal de Aguas, la cual aseguraba el beneficio del sector privado y generaba altos costos de consumo para la ciudadanía.

Éste actuar por parte del Estado genero molestias en la ciudadanía, así como una enorme preocupación, por lo que un grupo de ciudadanos y ciudadanas solicitaron al I.N.E. el formato para el referéndum abrogatorio de la Ley Estatal de Aguas, sin embargo, no hubo acceso al formato hasta el día 4 de enero, misma fecha en que se tomaron las instalaciones de la Terminal de Almacenamientos y Reparto de Pemex.

La Rosita, donde se encuentran ubicadas las instalaciones de PEMEX, fueron tomadas por un grupo de taxistas y de conductores de Uber de la localidad exigiendo la homologación de la gasolina; teniendo dialogo con el Estado desde el inicio de la toma un representante de los taxistas.

El día domingo 8 de enero llega un grupo de aproximadamente 200 taxistas acompañados del líder de taxistas, Fermín Vega, quien junto con el vocero de taxistas, Juan Carlos Hernández, realizaron lo que pareció en ese momento como tratos con el Gobierno del Estado, dictando la noche del lunes que abandonaban el plantón pues su exigencia había sido solucionada y se reduciría .52 centavos el costo de la gasolina. Los ciudadanos y ciudadanas presentes, molestos por los acuerdos tomados sin consultarlos, decidieron quedarse, quedándose menos de 15 personas.

Lunes 9 de enero: Por la mañana y en el centro cívico de Mexicali, un club de motociclistas toman las oficinas de recaudación de rentas bajo las demandas de eliminar el reemplacamiento y la abrogación de la Ley Estatal de Aguas. Horas más tarde este grupo es apoyado por diversos colectivos, activistas y ciudadanos.

Con la salida del grupo de taxistas, el martes 10 de enero crecen las amenazas de desalojo forzado en La Rosita por parte de la Gendarmería, dejando a un grupo no mayor a 20 ciudadanos. Esa noche arriban a la planta casi un centenar de vehículos oficiales de los tres niveles del Estado. Cerca de las 6 de la mañana del miércoles los manifestantes eran desalojados de La Rosita, pero se unen a la ocupación de las oficinas de Recaudación de Rentas.

Jueves 12 de enero: Se lleva a cabo la “Marcha contra el gasolinazo y la abrogación de Ley Estatal de Aguas”, la cual culmino en Palacio de Gobierno con una congregación de más de 10 mil personas. Durante la concentración, ciudadanos tomaron el micrófono para dar su postura sobre de la situación y mostrar sus inconformidades.

Mientras esto ocurría, algunos ciudadanos decidieron llevar sus exigencias más allá de la marcha y, tratando de impedir el flujo de dinero hacia las arcas del municipio y obligar a los diputados a explicar su voto a favor de la Ley de Aguas, decidieron tomar las instalaciones del Congreso y Palacio Municipal. Por primera vez en años, y quizá como nunca en Mexicali, ciudadanos se mostraban verdaderamente unidos, causa del hartazgo general contra la clase política.

Viernes 13 de enero: El gobierno del Estado anuncia la eliminación del reemplacamiento, más no la abrogación de la Ley Estatal Aguas. Se presenta un pliego petitorio general elaborado en la asamblea general y por consenso, el cual cuenta con 13 puntos para el ayuntamiento de Mexicali que incluyen, entre otros, reducir el impuesto predial, la eliminación del impuesto DAP (Derecho al Alumbrado Público) y el apoyo del alcalde, Gustavo Sánchez, a la derogación de la Ley Estatal de Aguas.

Domingo 15 de enero: En coordinación con la mayoría de los estados del país se lleva a cabo la marcha nacional, siendo Mexicali la más concurrida del país en un hecho histórico. Con una asistencia de más de 60 mil personas, la inconformidad de la ciudadanía fue clara, y añadiendo el desinterés del gobierno del estado por empezar un dialogo, más ciudadanos se interesan por los plantones/campamentos y toman las instalaciones del Poder Ejecutivo.

Martes 17 de enero. El gobernador de Baja California, Francisco Vega, anuncia en conferencia de prensa que abrogará la Ley de Aguas. Sin embargo no acepta preguntas de medios de comunicación. La celebración dura poco, pues abogados informan que para ser válido el Congreso debe aprobar la solicitud de abrogación. Se comienza a gestionar en los campamentos la apertura temporal del Congreso para dicho fin.

Miércoles 18 de enero: El grupo de motociclistas abandona su campamento en las oficinas de recaudación de rentas, pero estas son retomadas por ciudadanos afines a los campamentos del centro cívico (cruzando la avenida Independencia). Las demandas principales siguen siendo la abrogación de la Ley Estatal de Aguas y marcha atrás al llamado “gasolinazo”, pero se agrega la eliminación de la verificación vehicular, ya que su fin ambientalista se ve cuestionado por la estrecha relación entre el gobierno del Estado y la empresa privada que administra la concesión.

Jueves 19 de enero: En sesión extraordinaria y por votación unánime, el Congreso aprueba la abrogación de la Ley Estatal de Aguas. En junta con el Cabildo de Mexicali, una mesa ciudadana negocia sus 13 puntos y forma varias mesas de trabajo para ellos, incluidos el impuesto predial y el impuesto al DAP.

Como parte de los acuerdos por la abrogación de la Ley de Aguas y las mesas de trabajo negociadas, se liberas los accesos a personal y ciudadanos del Palacio Municipal.

Domingo 22 de enero: Segunda marcha nacional. Asisten más de 22 mil personas. Se informa por medio de abogados afines a los campamentos de la Ley de Asociación Publico Privado, la cual protege a megaproyectos tales como la construcción de la cervecería “Constellation Brands” y la privatización de tres desalinizadoras, además de otras que se encuentran en periodo de planeación. Todos estos proyectos generarían un grave impacto ambiental irreversible.

Lunes 23 de enero: Mesa de diálogo fallida entre manifestantes y gobierno del Estado. Al ver que Francisco Vega no se presenta en la mesa, como lo habían sugerido sus voceros, los miembros ciudadanos se levantan y vuelven a los campamentos.  

Sábado 28 de enero: Francisco Vega, gobernador del Estado, entra de manera abrupta y a escondidas al edificio del Poder Ejecutivo, alrededor de las 9:20 a.m., para supuestamente iniciar una mesa de dialogo. Sin embargo, a su mesa de diálogo no le permite la entrada a ninguno de los representantes de la Asamblea Ciudadana.

El gobernador sale por la puerta lateral del edificio Poder Ejecutivo acompañado de su escolta. De manera apresurada marcha contra los manifestantes, quienes intentan interceptarlo para demandar explicación a su la falta de interés en presentarse públicamente y en una verdadera mesa de diálogo. Debido a la prisa con la que el gobernador y su escolta se abren paso entre la multitud algunos ciudadanos resultaron lastimados, quienes más tarde presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Alrededor de las 5 de la tarde se convoca una asamblea general, determinando como principal acuerdo empezar la mesa de diálogo entre los representantes de la Asamblea General Ciudadana y el gobernador lo más rápido posible. Los representantes de gobierno hacen caso omiso.

Lunes 30 de enero, 2:00 a.m.: Tras la presencia cientos elementos de la policía estatal y ministerial —decenas de ellos vestidos de civil y con las caras tapadas—, un helicóptero y un dron para hostigar a los manifestantes el, subsecretario General de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua, advierte que de no liberar los accesos del Poder Ejecutivo, desalojarán con uso de la fuerza pública. Ciudadanos acceden para evitar la confrontación.

img_6048-750x500
Fuente: Cristian Torres/ZETATijuana

El día de hoy 30 de enero a las 2:00 de la tarde, se reunió dentro del poder ejecutivo representantes de la asamblea ciudadana y gobierno del estado para establecer fecha para la mesa de diálogo con el gobernador de Baja California el Lic. Francisco Vega de la Madrid, después de un breve dialogo, se retiraron los representantes de gobierno para consultar la fecha más factible, pasaron alrededor de 20 minutos cuando volvieron proponiendo el miércoles 1ro de Febrero a las 5:00 p.m., fecha que fue aceptada.

Durch das Fragment eines Knochens und durch einen Backenzahn wurde Alexander Mora identifiziert

(Original auf Spanisch von Proceso.com, siehe: http://www.proceso.com.mx/?p=390108)

EL PERICÓN, Guerrero. (proceso.com.mx).- “Ich akzeptiere diesen Rückschlag, aber ich werde nicht aufhören zu kämpfen, um für meinen Sohn und seine 42 Kommilitonen Gerechtigkeit zu fordern“, sprach Ezequiel Mora Chora, Vater von Alexander Mora Venancio, mit Entrüstung und Wut in der Stimme. Die Überreste von Alexander Mora wurden zwischen weiteren menschlichen Überresten am Fluss San Juan in der Gemeinde Cocula aufgefunden.

Der ältere Herr, der sich der Feldarbeit widmet und als Taxifahrer arbeitet, teilte mit, dass sich dieser Schmerz durch nichts in der Welt überwinden lässt. Dabei bezog er sich auf einen Kommentar des mexikanischen Präsidenten Enrique Pena Nieto, den dieser vor einigen Tagen bei einer Arbeitgeberversammlung im Hafen von Acapulco äußerte.

In einem Interview mit Proceso.com erzählte der tief bedrückte Vater von sieben Kindern, der seit zwei Jahren verwitwet ist, Details über die Identifizierung seines Sohnes. Sein Sohn ist einer von 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa, die vor zwei Monaten von lokalen Polizeieinheiten aus Iguala und Cocula, die mit kriminellen Banden unter einem Hut stecken, verhaftet wurden und verschwanden.

Mora Chora erwähnte, dass für vergangenen Freitagabend eine Versammlung in der Universität von Ayotzinapa mit Anwälten des Zentrums für Menschenrechte de la Montaña Tlachinollan und argentinischen Kriminalexperten angesetzt war. Die Unterstützung der Experten aus Argentinien bei den Ermittlungen der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft (Procuraduría General de la República – PGR)war ein Vorschlag der Angehörigen.

“Als die Experten mir sagten, ich solle mich beruhigen, antwortete ich, sie sollen nicht um den heißen Brei reden, mein Herz war ja schon gebrochen“, erklärte der Mann von keiner Statur mit der durch die Sonne gegerbten Haut.

Daraufhin informierten ihn die argentinischen Experten über das Ergebnis forensischer Untersuchungen an einem Knochenfragment und an einem Backenzahn. Beide Überreste gehörten zu seinem Sohn Alexander Mora Venancio, einem Teenager von 19 Jahren, der sich im ersten Jahr des Lehramtsstudiums an der Universität von Ayotzinapa befand und Opfer der Barbarei durch mit der Drogenkriminalität verbandelte Behörden wurde.

In Übereinstimmung mit der Information der ausländischen Experten befanden sich die menschlichen Überreste unter dem von der Generalstaatsanwaltschaft in der direkten Umgebung des Flusses San Juan gesammelten Material in der Gemeinde Cocula, teilte der Anwalt des Zentrums für Menschenrechte de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, mit. Rosales Sierra leistet den Angehörigen der verschwundenen Studenten juristischen Beistand.

Während des Interviews an diesem Ort in der Region der Costa Chica, etwa drei Autostunden von der regionalen Hauptstadt entfernt, teilte der Verteidiger weiterhin mit, dass die Experten sowie die Bundesregierung bereits vor zwei Tagen von diesen Tatsachen in Kenntnis gesetzt worden sind. Deswegen habe auch der Präsident Peña Nieto während einer offiziellen Veranstaltung – der Arbeitgeberversammlung im Hafen von Acapulco – die Angehörigen der Opfer dazu aufgefordert, den Schmerz zu überwinden.

Der Anwalt informierte Proceso.com darüber, dass auf die Ergebnisse weiterer 17 Untersuchungen aus dem österreichischen Labor gewartet wird. Somit würden die Indizien die Annahmen der Generalstaatsanwaltschaft dahingehend stützen, dass die 43 verschwundenen Studenten ermordet wurden und die Leichen in der Abfallgrube von Cocula verbrannt wurden.

Nichtsdestotrotz verwies er darauf, dass Zweifel an den Annahmen existieren, dieser sei der Ort des Verbrechens, an dem die Überreste eines der 43 Studierenden identifiziert wurden. Die Generalstaatsanwaltschaft verweigerte den ausländischen Experten, an der vorangegangenen Suche der Überreste teilzunehmen, die in der nördlichen Gemeinde des Bundesstaates Guerrero durchgeführt wurden.

“Möglicherweise möchte die Generalstaatsanwaltschaft den Fall Ayotzinapa zu den Akten legen, aber es fehlt weiterhin jede Spur der anderen 42 Studierenden und die Eltern werden nicht ruhen, bis sie aufgespürt sind”, stellte der Anwalt aus Tlachinollan klar.

Rosales Sierra suchte gemeinsam mit Studierenden aus Ayotzinapa dieses Dorf in der Gemeinde von Teconapa auf, in dem der Schmerz, die Wut und die Verzweiflung unbeschreiblich sind. In einer Ecke des größten Schranks in der einfachen Behausung befindet sich ein Altar mit Fotos von Alexander, der auch Chande oder La Roca genannt wird, die über dem Fußballtrikot von La Juventus, dem Verein, für den der ermordete Student spielte, erstrahlen – umrahmt von gelben Blumen und Kerzen.

Von hier aus rief Ezequiel Mora die Gesellschaft dazu auf, nicht nachzulassen bei den Forderungen nach Gerechtigkeit für die weiterhin verschwunden Studierenden aus Ayotzinapa.

“Mir haben sie schon alles genommen und ich möchte nicht, dass weitere Menschen das durchmachen müssen, was ich durchmachen muss. Deswegen werde ich weiterhin dafür kämpfen, dass diese Scheiß-Regierung etwas unternimmt, denn es kann nicht sein, dass es so viele verschwundene Menschen gibt und niemand etwas unternimmt“, äußerte sich der Vater von Alexander Mora.

Vor dem Haus wird die Beerdigung des Studenten aus Ayotzinapa vorbereitet. Dutzende Personen haben sich versammelt, darunter Professoren, Kommilitonen und Freunde des jungen Studenten, die sich an ihn als ruhigen Menschen erinnern, der eines Tages Lehrer werden wollte, um die Armut einer Familie mit sieben Kindern und eines Vaters, der als Taxifahrer arbeitet, zu lindern.

Die Überreste des Studenten – ein Knochenfragment und ein Backenzahn – werden der Familie in etwa einer Woche übergeben, teilten die argentinischen Experten dem Vater mit.

Von den 43 Studenten aus Ayotzinapa stammen acht aus der Gemeinde Teconapa, einem Dorf in der Region Costa Chica, dessen Einwohner sich durch besonderen Mut auszeichnen. Im vergangenen Jahr haben sie sich dazu entschlossen, sich zu bewaffnen, um sich gegen die kriminelle Gewalt und staatliche Apathie zur Wehr zu setzen.

Während des Nachmittags wurden die Informationen bekannt, als Studierende und Freunde der Familie die Erkenntnisse über die sozialen Netze verbreiteten.

Nachdem der Vater die schreckliche Nachricht erhalten hatte, entschloss er sich dazu, die Nacht von Freitag auf Samstag in Ayotzinapa zu verbringen. Am Samstagnachmittag kehrte er in sein Heimatdorf zurück, um die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Dabei unterstützen ihn Psychologen, die sich im Dienst der Universität von Ayotzinapa befinden.

Als er in seinem Dorf einttraf, erwarteten ihn schon Freunde und Familie. In einer kurzen Botschaft teilte er ihnen mit, dass der Leichnam seines Sohnes verbrannt wurde und dass die argentinischen Experten ihn aufgrund eines Knochenfragments und eines Backenzahns identifizieren konnten, welche in der Abfallgrube von Cocula gefunden wurden – und zwar an dem Ort, an dem laut Generalstaatsanwaltschaft die 43 verschwundenen Studierenden aus Ayotzinapa ermordet, verbrannt und die Überreste beseitigt wurden.

“Von den anderen Jungs fehlt jede Spur, offiziell gibt es keine Anhaltspunkte. Hoffentlich rüttelt dieser Vorfall viele Menschen wach, die sich über die Dimensionen des Verbrechens nicht bewusst sind“, teilte der tief bedrückte Vater bei einer Versammlung mit Familien und Freunden in El Pericón mit. Die weiteren Studierenden aus Ayotzinapa posteten die folgende Nachricht über ihre Facebook-Seiten: “Compañeros: an alle, die uns unterstützt haben: Ich bin Alexander Mora Venancio. Mittels dieser Stimme spreche ich zu euch, ich bin einer der 43 durch die Hände der Drogenregierung Gefallenen des 26. September.“

Die Nachricht geht weiter: “Heute, am 6. Dezember haben die argentinischen Experten meinem Vater bestätigt, dass eines meiner Knochenfragmente zu mir gehört. Ich bin stolz auf euch, die meine Stimme erhoben habt, meinen Einsatz und meinen freien Geist gezeigt habt“.

Schließlich: “Lasst meinen Vater nicht alleine mit meinem Leid, für ihn bedeute ich so gut wie Alles. Die Hoffnung, den Stolz, seinen Einsatz, seine Arbeit und seine Würde. Ich lade dich dazu ein, deinen Einsatz zu verdoppeln, dass mein Tod nicht umsonst sei. Triff die beste Entscheidung, aber vergiss mich nicht. Stelle die Dinge richtig dar, schau, was möglich ist, aber vergib nicht. Dies ist meine Botschaft. Brüder, bis wir siegen“.

(von Simon Hirzel übersetzt)